El recurso de protección fue interpuesto por la empresa comercial San Antonio de Chaitén, en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, tras la decisión de la Presidenta, Michelle Bachelet, de prohibir a la gente ingresar a la zona de riesgo por tres meses, debido a las consecuencias del volcán y de las inundaciones.

El escrito, detallado por el abogado de Comercial San Antonio Limitada, Marcelo Álvarez, afirma que "la medida adoptada por la recurrida constituye un acto arbitrario. El término arbitrario quiere decir contrario a la justicia, injusto, irracional, prejuiciado, desproporcionado para el fin querido, guiado o movido por el capricho o la inquina, el favoritismo o la odiosidad, todo en desmedro del valor y la equidad".

El propósito de la acción judicial es -según se explica en el texto- "dejar a su respecto sin efecto tal prohibición, para rescatar valiosos bienes muebles que se encuentran actualmente dentro de la zona de exclusión fijada arbitrariamente por la autoridad recurrida. Dichos muebles se detallan mediante certificados acompañados en el primer otrosí de este recurso".